Movilizaciones en Ecuador: Cambio de ciclo y perspectivas críticas.
Foto: Luis Herrera R.
El 13 de agosto de 2015 tuvo lugar en Ecuador el primer Paro Nacional y Levantamiento Indígena que afronta Alianza PAIS[3] en sus ocho años de gobierno. Las acciones desplegadas por las organizaciones populares se expresaron en forma de cierre de carreteras, marchas a nivel nacional y toma de plazas. Dichas acciones manifestaron el disenso entre el proyecto político-económico modernizador capitalista, de corte conservador, llevado a cabo por la Revolución Ciudadana, y la lucha por los derechos laborales, por políticas redistributivas de tierra y agua, por la defensa delos territorios ante la avanzada de proyectos extractivos, contra medidas que condicionan el ejercicio de justicia social; que fue encabezada por las organizaciones sociales.
Este artículo muestra brevemente el contexto histórico en el que emerge el Paro del Pueblo. Un contexto que revela las demandas y acuerdos a los que llegan las organizaciones sindicales, los estudiantes, el movimiento indígena y demás sectores populares. De la misma forma, evidencia las acciones emprendidas por la derecha ecuatoriana y las respuestas del actual gobierno frente a la coyuntura.
Los tres momentos de la revolución ciudadana antes del paro del pueblo
De las expectativas
Entre los años 2007 y 2009, hay que destacar el ascenso al poder de Rafael Correa que triunfa en las elecciones presidenciales; también es importante la aprobación de una nueva Constitución en 2008, que recogía gran parte de las expectativas de organizaciones indígenas, sociales y populares.[5] La nueva Carta Magna constituía un punto central en la redefinición del pacto social y la relación histórica que la etapa neoliberal había consolidado y anunciaba un proyecto posneoliberal con horizontes de transformación.
Mientras por un lado, algunos mandatos constitucionales reconocían los derechos de la naturaleza, la organización de la economía entorno al ser humano, la prohibición de uso de transgénicos, la soberanía alimentaria como eje obligatorio y estratégico para el agro, el agua como derecho humano, la universalidad de derechos de educación, seguridad social y salud y el carácter plurinacional del Estado; por otro lado, el proyecto político que empieza a conformarse, emprendía la tarea de institucionalizarla participación social, reduciendo la capacidad de decidir de los actores organizados bajo el argumento de que un Estado posneoliberal es un Estado pos corporativo, además de impulsar la expansión del extractivismo.
Este primer momento finaliza con un gobierno que presenta los primeros ensayos de judicialización de la protesta social: paros, marchas, cierre de vías y huelgas solidarias, empiezan a ser calificadas como acciones de desestabilización al régimen, traición a la patria, sabotaje y terrorismo. De todas maneras la posibilidad de llevar el proyecto por la vía de la democratización, la justicia social y cambios estructurales es aun real y las organizaciones miran este tiempo como una etapa de posibilidades, expectativas y promesas.
De las disputas y la radicalización
Una vez aprobada la nueva Constitución de la República de 2008, la autonomía y el proyecto socio-económico que exigen las organizaciones sociales frente al régimen de la Revolución Ciudadana, entra en contradicción con el plan de industrialización de la economía ecuatoriana; programa que, bajo la estrategia “salir del extractivismo con más extractivismo”, promueve la expansión de la frontera petrolera y la minera.
El proyecto de acumulación originaria que contempla la reprimarización de la economía nacional para el desarrollo de las fuerzas productivas, que permitan la construcción de la economía del conocimiento, tiene a su favor los altos precios internacionales de los productos primarios; precios que posibilitan al gobierno ecuatoriano desmarcarse de las demandas radicales y de profundización del cambio que exigen los movimientos sociales, y emprender una política asistencialista para sectores populares a través del bono de desarrollo humano; y de subsidio para sectores de la derecha modernizadora mediante la construcción de infraestructura productiva y de negocios con el Estado, produciendo en la sociedad, lo que Maristella Svampa llama el “consenso de los commodities”, que arroja una base electoral fuerte y un apoyo popular que le otorga legitimidad. En esta etapa se pasa de un Plan para el Buen Vivir que propone la superación del modelo rentista dependiente hacia una planificación elaborada en 2013, que consolida el cambio de la matriz energética y productiva bajo el eje extractivo y un patrón de acumulación capitalista de corte nacional.
El periodo comprendido entre 2009 y 2014, el régimen se abre una serie de escenarios de disputa con diversos sectores como: a) La “vieja” institucionalidad pública; b) Los gremios representantes de la derecha tradicional y; c) Con organizaciones sociales.
La disputa del gobierno con otras instituciones del Estado, como el legislativo y la función judicial, está relacionada con la centralización del poder en el ejecutivo. Mientras, el conflicto con sectores de la derecha neoliberal, se despliega a través del papel que juega el Estado como motor de la economía y Alianza PAIS como representante político de la sociedad, desplazando a los partidos políticos tradicionales. Finalmente, la relación con las organizaciones sociales se desarrolla en el marco de la concreción de un proyecto de modernización conservadora con potencialidad hegemónica, impregnado por una dinámica de reducción de derechos consagrados en la Constitución y penalizando la resistencia (Unda; 2015). Para las organizaciones sociales las disputas del Estado con la institucionalidad y con la derecha son la expresión de una lucha inter-burguesa, mientras que su conflicto se enmarca en la lucha de clases y en la construcción de una tercera fuerza.
Las prácticas estatales de la Revolución Ciudadana que entre los citados años (2009-2014) buscaban profundizar el modelo conservador de desarrollo del capitalismo; modelo que se manifiesta en una serie de cuerpos normativos como la Ley de Minería, Ley de Aguas, Reforma Educativa con eliminación del libre acceso a la universidad y el bachillerato unificado, entre otras, que son impuestas por el proyecto político, excluyendo mecanismos de consulta y de participación de los involucrados.
En 2012, gran parte de las organizaciones sociales abandonan la tesis sobre la efectividad de disputar el sentido del gobierno nacional y se declaran en resistencia y en oposición. Una serie de movilizaciones y la construcción de propuestas alternativas tomarán fuerza a partir de este momento. La marcha por el “Agua, la Vida y la dignidad” (2012), promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en contra de la política extractiva, traza las formas de expresión de las demandas de las organizaciones sociales; a su vez, muestra el tipo de respuestas del Estado. La marcha que recorre el Ecuador desde el sur del país hasta llegar a Quito levantando solidaridades y recogiendo demandas locales, se verá enfrentada al discurso estatal que deslegitima las acciones de protesta de las organizaciones calificándolas de intentos de golpe blando y desestabilización[6]. En efecto, el gobierno central responderá con la promulgación del Decreto 016 que impide a las organizaciones sociales hacer política (2013) y aprueba el nuevo Código Integral Penal que endurece las penas; sobre todo aquellas en relación a terrorismo y sabotaje (2014).
Se evidencia una política sistemática propia del proyecto político de Alianza PAIS, de debilitamiento y aislamiento de las organizaciones populares y de recomposición frente a la avanzada del campo popular, a través del desarrollo de la propaganda, el uso de los medios de comunicación y la intervención directa sobre las dirigencias de movimientos sociales[7], que en otros casos, crea organizaciones paralelas, como la Red Agraria, la Red de Maestros, el Parlamento Laboral. Y más recientemente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Este periodo finalizará con el nuevo triunfo del “partido” de gobierno en 2013;Rafael Correa es reelecto presidente de la república y obtienen mayoría absoluta en la Asamblea Nacional; marcando un elemento más en la consolidación de un proyecto con potencialidad hegemónica y mostrando no solo la enorme capacidad de recuperación del correísmo si no las debilidades y errores de la izquierda, que luego de protagonizar una importante movilización no consigue construir un proyecto alternativo de representación política.
De la Plataforma a la construcción de la Unidad
Este último momento está marcado por tres elementos centrales: a) la perdida de Alianza País en las elecciones de autoridades locales en 2014; b) la caída del precio del petróleo y el déficit presupuestario que evidencia la intocada dependencia de la economía ecuatoriana a la extracción de materias primas y la economía mundial capitalista; y c) una dinámica presente ya en el tercer momento: la movilización social como mecanismo de denuncia y exigencia de derechos. Lo distinto de esta etapa es la capacidad mostrada por el campo popular para avanzar en la construcción de la unidad y la creciente movilización en el país y la diferenciación que construyen las organizaciones sociales y populares del proyecto de la Revolución Ciudadana y la derecha neoliberal, aun sin proyecto alternativo programático.
A pesar de las luchas de estudiantes, profesores, obreros, campesinos e indígenas, la modernización conservadora avanza. La eliminación del libre ingreso a las universidades por la política meritocrática, devela que aproximadamente 500.000 jóvenes no pueden ingresar a la universidad pública; escuelas interculturales bilingües cerradas son suplantadas por las Escuelas del Milenio en lugares de difícil acceso. De cara al campo, el gobierno expresa abiertamente su proyecto agroindustrial y de agronegocio; se agudiza y profundizan las dinámicas de concentración de recursos productivos y monopolización de mercados. Se decide la explotación del Yasuní y se anuncian proyectos mineros. La reforma laboral, propuesta por la Revolución Ciudadana, atenta contra los derechos de los trabajadores; como el derecho a la huelga y poner límites a las utilidades. En materia social, el Estado deja de garantizar las jubilaciones de pensionistas. Se hacen efectivas las políticas patriarcales, que penalizan el aborto en casos de violaciones y se implementan estrategias para prevenir el embarazo adolescente, basándose en valores morales y en abstinencia.
En este marco desde 2012, se han desarrollado una serie de manifestaciones en contra de la política del gobierno y a favor de retomar las propuestas que las organizaciones sociales han diseñado para un cambio estructural de la sociedad ecuatoriana.
Cronología de movilizaciones sociales desde el mes de agosto del 2013
Agosto-2013
Movilización de colectivos ecológicos y ambientalistas por la decisión del gobierno de explotar el Yasuní
Mayo-2014
Marcha por el primero de mayo donde se expresa el descontento por el Código Laboral que está en discusión en la Asamblea Nacional
Julio-2014
Marcha del movimiento indígena que instala de manera permanente el Parlamento de los Pueblos en contra de la Ley de Recursos Hídricos.
Julio 2014
Movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas contra el Código Laboral y un conjunto de demandas sociales.
Septiembre 2014
Marchas de estudiantes secundarios contra la subida del pasaje de transporte público.
Noviembre-2014
Movilización de gremios y sindicatos de trabajadores en contra de las Reformas al Código Laboral.
Marzo-2015
Marcha de gremios y sindicatos de trabajadores exigiendo cambios en la propuesta de Código Laboral del gobierno, a estas protesta se suma la CONAIE, que, paralelamente, recibe una comunicación de desalojo de su sede por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social en enero de 2015.
Mayo-2015
Con motivos del primero de mayo, la marcha se conforma como una de las más grandes de los últimos 20 años; se suman a la protesta en contra del gobierno, sectores que se ven perjudicados por la firma del TLC con la unión Europea, trabajadores del Fondo de Cesantía del Magisterio intervenido por el gobierno; estudiantes secundarios y universitarios se suman con sus demandas de libre ingreso a la universidad. Médicos y jubilados también son parte de la movilización.
Mayo 2015
La Convención de las Organizaciones convocadas por el Colectivo de Unidad se instala en Riobamba y se define la realización del Paro del Pueblo para agosto de 2015.
Entre el 18 y 24 de Junio 2015
Marchas para exigir rectificaciones al gobierno nacional sobre todas las medidas que afectan a los sectores populares. Se convoca al Paro Nacional para el 13 de agosto y al levantamiento indígena para el 10 de agosto; la salida de la marcha, se establece desde Tundayme al sur del país para el 2 de agosto, como parte del Paro.
Este periodo cierra con cierta progresividad en las movilizaciones sociales y la capitalización del descontento social en un contexto de baja en la popularidad de Rafael Correa, un estancamiento o crisis de la economía ecuatoriana y una creciente incapacidad del régimen de resolver por la vía del consenso y la disputa política, las demandas de las organizaciones sociales.
La derecha tradicional en el contexto de las movilizaciones
En el marco de un descenso del precio del petróleo y con el objetivo de recuperar terreno ganado por las organizaciones populares, el gobierno ecuatoriano promueve la discusión de tres leyes polémicas, tanto para los sectores medios como para los sectores más pudientes: a) La Ley de Plusvalía busca poner un impuesto a la compra y venta del suelo que genera ganancias extraordinarias debido a las obras de infraestructura construidas por el Estado; b)La Ley de Redistribución de la Riqueza, devela la concentración del ingreso en el Ecuador y coloca un impuesto a la herencia de aquellos capitales más concentrados. La propuesta del gobierno es que, por medio de este impuesto, se puedan recaudar aproximadamente 40 millones de dólares; cantidad de aquel 2% de la población que concentra el 98% de la riqueza nacional, lo que representa menos del 0.05% de Producto Interno Bruto PIB del 2014. Finalmente, c) La Ley de Justicia Laboral que incluye el ingreso de las amas de casa a la seguridad social, pero sin beneficios de salud y acceso a la jubilación después de 20 años de aportación. No hay que perder de vista las enmiendas constitucionales que promueve el gobierno: relección indefinida, reformas laborales que afectan a servidores públicos además de quitar la capacidad que tiene la Contraloría General del Estado para auditar y vetar proyectos de inversión de fondos públicos.
El sector de la derecha neoliberal y oligárquica del país, utilizó la ley de redistribución de la riqueza para intentar capitalizar el descontento social en torno al régimen de la Revolución Ciudadana. Su estrategia fue promover el discurso de afectación de los derechos de propiedad privada, pues el proyecto de ley afectaría a aquellos propietarios cuyo patrimonio ascienda a los 35.000 dólares en adelante; dicho hecho motivó una serie de movilizaciones de “listones negros” que estaba compuesta por la clase media de las metrópolis. Y al grito de “fuera correa fuera”, la derecha representada por el banquero Lasso, los alcaldes de Quito y Guayaquil y los representantes de la Cámara de Comercio, emergían en la palestra política como el espacio de representación del “clamor popular”; esto significaba un claro reto de las organizaciones sociales, pues debía desmarcarse de la derecha neoliberal y de los proyectos demagógicos del gobierno.
El paro del pueblo y la recuperación de la iniciativa política desde las organizaciones
El 13 de julio de 2015, el Colectivo de Unidad de las Izquierdas conformado por organizaciones indígenas, populares y sociales anuncian en rueda de prensa, las diez demandas del Paro del Pueblo: archivar proyecto de enmiendas constitucionales; derogar Decreto 16; derogación de Ley de Aguas y archivar proyecto de Ley de Tierras; restablecimiento de sistema de “educación intercultural bilingüe” y libre ingreso a las universidades; no firma de “Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea”; fin a proyectos de minería a gran escala; derogación de varios decretos “antiobreros”, entre otros.
Bajo esta plataforma de demandas, la CONAIE conjuntamente con el Frente Popular, y centrales sindicales, como CEOSL y CEDOCUT inician marcha el 2 de agosto en Tundayme, territorio en Zamora Chinchipe que atraviesa un fuerte conflicto por la presencia de mineras en la zona; y recorren el país desde el sur, hasta llegar a Quito el 12 de agosto. La expectativa generada por la llegada de la marcha indígena y popular, el apoyo de la población a lo largo de la movilización y la atención de los medios de comunicación generaron un escenario de apoyo a la medida adoptada por las organizaciones y una limitada respuesta del gobierno, que repitió el consabido discurso del golpe blando e intentó minimizar la acción.
El 10 de agosto empieza el levantamiento indefinido y el 13 de agosto inicia el Paro del Pueblo. De forma paulatina, las carreteras del país se van cerrando: al norte Imbabura (Ibarra, Cotacachi y Otavalo); hacia el sur se cierran las carreteras de Cotopaxi; y al interior de esta provincia, cinco de siete cantones, en Tunguragua (vía Ambato-Pelileo), movilizaciones en Chimborazo, cierre de vías en Azuay y en Azogues, movilizaciones en Manabí, Guayas y Esmeraldas; y los territorios amazónicos: Napo, Orellana, Zamora y Morona Santiago. Mientras tanto una gran marcha de más de 120 mil personas se daba lugar en Quito, acudiendo al llamado de las organizaciones.
Es fundamental leer este nuevo momento de la lucha popular en Ecuador como parte del desgaste y agotamiento de la potencialidad hegemónica del correísmo; en donde es clave la construcción de una plataforma de unidad popular, indígena y social que busca articular demandas de transformación y democráticas tanto de la sociedad organizada, como de capitalizar el descontento de sectores sin representación política.
De las jornadas pasadas y las que se anuncian dependerá el escenario político y social del país de los siguientes dos años y mostrarán la capacidad y fuerza de las organizaciones para fortalecer su iniciativa popular y frenar las políticas de Alianza PAIS; el resto es también que de estas acciones salgan mayores claridades para construir una agenda programática que potencie la unidad indígena, popular y social. El escenario futuro se verá influenciada por la situación económica del pais, las respuestas y salidas que pueda dar el gobierno y la demostración de su capacidad o no de recuperación como proyecto político nacional; pero también de las maniobras y avances de la derecha tradicional para volver a ser gobierno; y de la estrategia del campo popular para no sólo capitalizar el descontento en la movilización social si en la conformación de la propuesta alternativa en el escenario 2017, sin esta última sus posibilidades de negociación y sus condiciones de lucha en un nuevo ciclo será limitado.