La orden de prisión a Rafael Correa y las denuncias de corrupción
Después de ganar ampliamente la consulta popular en febrero de este año, mientras cae en las encuestas de opinión, y con la reciente aprobación de una ley económica que profundiza la dirección pragmática y ortodoxa en economía que venía advirtiéndose desde 2014, el gobierno de Lenin Moreno aceleró el paso en el desmonte del control que Rafael Correa había dejado sembrado en las principales instituciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio nombrado a propuesta de Lenin Moreno con el mandato de evaluar, eventualmente destituir y nombrar interinamente a nuevos funcionarios públicos para reemplazar a los designados durante el correísmo, ha actuado con la velocidad de un rayo fulminante. (1) Destituyó y reemplazó al Defensor de Pueblo que no aceptó someterse a la evaluación; nombró al nuevo Fiscal General del Estado luego de que el legislativo lo destituyera en un juicio político relámpago en medio de acusaciones mutuas con José Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional, que también perdió la presidencia pero mantuvo su curul legislativa; amplió polémicamente sus atribuciones para evaluar y destituir al Consejo de la Judicatura que había funcionado como la estructura decisiva del control del sistema judicial por parte de la función ejecutiva. (2)
El colapso del control de Rafael Correa sobre el sistema judicial se expresó rápida y sorpresivamente. Dos ejemplos ilustrativos. Primero, a inicios de junio, el juez civil Paúl Serrano acogió la acción de protección interpuesta por las comunidades y determinó la suspensión de las actividades mineras en el proyecto Río Blanco, en Molleturo, en la Sierra sur del país. (3) Esta decisión judicial es tanto más sorprendente cuanto que el gobierno de Lenin Moreno ha expresado su completo respaldo a las actividades mineras metálicas de gran escala y sus voceros ambientales habían manifestado que la operación minera de esta empresa era un ejemplo de pulcritud. Semejante decisión judicial no solo era inconcebible durante el gobierno anterior sino que revela que el actual gobierno tampoco controla plenamente los jueces puesto que es una decisión contraria a la política oficial.
El segundo ejemplo tiene más pesadas implicaciones políticas. El nuevo Fiscal General interino, Edwin Paúl Pérez Reina, decidió imputar a Rafael Correa por un caso de secuestro al opositor de derechas Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012. (4) Con posterioridad, el 3 de julio, la jueza del caso decidió dictar orden de prisión preventiva contra Rafael Correa mientras es investigado por su participación en el secuestro. La orden es innecesaria y constituye un uso abusivo de la figura de la prisión preventiva: había medidas alternativas disponibles mientras persiste la investigación judicial. Era posible dejarlo defenderse en libertad hasta la sentencia, con lo que la orden de captura internacional tendría mayores oportunidades de aplicarse. Pero la situación actual podría derivar más bien en la suspensión indefinida del juicio, el asilo político en Bélgica y las consiguientes dificultades del ex mandatario para actuar en la política ecuatoriana sin las incomodidades de tenerlo preso a pocos kilómetros de Quito.
Más allá de las derivas posibles del juicio, la importancia del caso trasciende las fronteras ecuatorianas. La imputación penal al expresidente se asocia al cambio de escenario político en América latina, la crisis de los progresismos con su cúspide de intensidad y horror en Nicaragua y Venezuela, el ascenso de nuevas o viejas derechas, y la ofensiva judicial contra varios dirigentes de la década pasada como Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El propio Rafael Correa se ha apresurado a acusar a sus acusadores de arbitrariedad, de agentes del imperialismo, y de buscar cualquier excusa para apresarlo y sacarlo del escenario político ecuatoriano. Algo similar a lo que se adujo en el caso del apresamiento y condena del ex-vicepresidente del Ecuador y amigo personal de Correa, Jorge Glas Espinel, condenado por asociación ilícita en una de las secuelas de la telenovela de Odebrecht en tierras latinoamericanas.
El presenta análisis presenta un bosquejo de las evidencias judiciales y las inferencias lógicas en las que se basan las acusaciones a Rafael Correa y a Jorge Glas. La implicación política de tal bosquejo es clara: la valoración política sobre las administraciones de Correa, Lula o Fernández no puede ser la misma si son culpables que si son inocentes de los delitos de los que se les acusa. Las izquierdas no pueden permitirse ser indiferentes ante la corrupción y los abusos de poder. Por lo tanto, hay que sopesar la información disponible, evaluarla y extraer un juicio de valor. Pero el trabajo no termina allí: hay que interpretar el resultado en su contexto ¿son los actos de corrupción algo secundario o aislado, espuriamente magnificados por los opositores políticos de derechas? Propondré al final una interpretación del significado político y social de los actos de corrupción en los gobiernos progresistas a partir del caso ecuatoriano.
Salvador de Bahía y Bogotá
Antes de ser vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas fue el encargado plenipotenciario del gobierno para los sectores estratégicos de la economía. Como tal, se encargó de las negociaciones con prestamistas y empresas para la financiación de la construcción de ocho represas hidroeléctricas, fue el responsable político de varias inversiones multimillonarias en el sector petrolero (como una nueva refinería en Manabí y la repotenciación de la vieja refinería de Esmeraldas) y dirigió muchas otras inversiones menores. Como vicepresidente, continuó con las mismas responsabilidades ahora enmarcadas en lo que se llamó en la jerga gubernamental “el cambio de la matriz productiva”.
Aunque Glas está mencionado en muchísimos casos de presunta corrupción, solo ha sido condenado por el caso Odebrecht, (5) donde se lo imputó por “asociación ilícita”, un cargo relativamente menor, por el que fue condenado en diciembre de 2017 a 6 años de prisión. La sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia solicitó continuar las investigaciones por otros cargos adicionales como cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos. (6) ¿Cuáles son las evidencias en las que se basó la decisión judicial? En esencia, las delaciones de los funcionarios de Odebrecht permitieron ubicar el rastro de depósitos y entregas en efectivo por 14 millones de dólares a Ricardo Rivera, tío materno del ex vicepresidente, entre 2012 y 2016. (7) Uno de los funcionarios de Odebrecht pudo, además, grabar conversaciones con el Contralor General del Estado (juez de cuentas del Estado, encargado de la pulcritud del uso de los fondos públicos) donde admitía haber recibido dinero en efectivo para apoyar a la empresa y con el propio Ricardo Rivera donde se le escucha pedir fondos para la campaña de “vidrio” (por Glas). Jorge Glas aduce que los fondos no llegaron a cuentas a su nombre, que no era el encargado de firmar contratos y que su tío usó su parentesco para cometer ilícitos de los que no tenía conocimiento.
Imagen: El Comercio
Estas defensas son poco creíbles. El rastro de la vinculación de Glas proviene de los testimonios concordantes de todos los funcionarios públicos de que el vicepresidente en funciones era el principal responsable político de esas inversiones y de las negociaciones contractuales. De hecho, Glas admitió que recibió a los funcionarios de la empresa que pedían su intervención para agilizar los pagos. En dos preguntas decisivas, la fiscal encargada del caso le preguntó: “76. En el ámbito de sus funciones ¿decidía usted, en su calidad de vicepresidente, a qué empresa se le debe pagar los montos que se les debe pagar a ellas? JG: No, eso lo manejaba el Ministerio de Finanzas con las entidades ejecutoras. 77. Entonces, ¿por qué razón el funcionario de Odebrecht asistió a su despacho para solicitar el pago y evitar paralizaciones?”. (8) Fuera de formalismos intrascendentes, su influencia en los contratos es muy difícil de negar. Respecto al uso de su nombre en vano, el gran problema es que Ricardo Rivera no era ministro; ni siquiera funcionario público. ¿A qué otro título podría haberle pagado Odebrecht los 14 millones de dólares de los que hay rastros ciertos? Recordemos que no los recibió por adelantado y en una sola cuota sino por goteo durante cuatro años ¿Con qué autoridad podía Rivera influir en las decisiones contractuales y cumplir con la multinacional brasileña? No se conoce ninguna otra relación familiar o de amistad de Ricardo Rivera con algún otro funcionario influyente del gobierno de Rafael Correa. Si Jorge Glas no fue su “contacto” para facilitar los negocios del gigante bahiano, ¿quién fue?
El “caso Balda” también le debe una parte importante de sus evidencias documentales al hecho de que proviene de un proceso judicial en otro país. En lugar de Brasil, Colombia. Fernando Balda fue inicialmente un colaborador de Rafael Correa en la campaña electoral de 2006 y cumplió funciones menores en los primeros años de su administración. Posteriormente se convirtió en un acérrimo opositor al gobierno y se asoció al Partido Sociedad Patriótica (PSP), de ideología amorfa, pero con fuertes vinculaciones con los servicios de seguridad e inteligencia, tanto policiales como militares, del país y el exterior. Esos vínculos serían fundamentales para el acopio de documentos que usaría luego en el juicio que abrió en Ecuador para aclarar su intento de secuestro. Antes del secuestro en Colombia participó en reuniones en Medellín con círculos cercanos a Álvaro Uribe Vélez. La trayectoria opositora de Balda (que lo llevó incluso a ser diputado alterno del PSP) se caracterizó por audaces denuncias de corrupción y acusaciones personales que lo llevaron a enfrentar tres denuncias penales y a ser sentenciado al menos dos veces. En febrero de 2013 fue sentenciado a un año de prisión en Ecuador por atentar contra la seguridad del Estado por difundir correos electrónicos en los que se decía que existía una central de espionaje del gobierno. (9)
Cuando Balda estaba en Bogotá eludiendo una de sus condenas, se produjo un intento de secuestro el 13 de agosto de 2012, frustrado por un taxista que vio cómo cuatro hombres subían a la fuerza a un individuo a una camioneta, llamó a la policía y siguió junto a otros taxistas a la camioneta en fuga. (10) En el juicio abierto en Colombia se determinó que los cuatro secuestradores habían sido reclutados en Puerto Tejada, departamento del Valle (cerca de Cali, en el sur del país), llevados a Bogotá y contratados por dos ecuatorianos que resultaron ser agentes de inteligencia. El agente encargado incluso alquiló a su nombre la camioneta usada en el secuestro (un error explicable quizás por la necesidad de justificar los gastos en Ecuador). Este agente, el sargento Luis Raúl Chicaiza, resultará decisivo en la pista de evidencias que lleva hasta Rafael Correa. (11) No solo Chicaiza ha declarado que habló personalmente con Rafael Correa dos veces sobre el secuestro sino que, más importante, el expediente judicial guarda los cheques que se usaron para pagar a los secuestradores contratados en Colombia. (12) La Contraloría General del Estado entregó a la Fiscalía un informe de uso de gastos de inteligencia donde han sido identificados hasta ahora 43 mil dólares (Chicaiza dijo que recibió en total 60 mil) para la ejecución de la operación “secuestro” (es el nombre del operativo en los archivos de inteligencia) entre los que se encuentran los cheques cobrados por Chicaiza. (13)
El monto de los gastos del operativo vuelve inverosímil la línea de defensa que ha venido esgrimiendo Rafael Correa desde su primera declaración en el juicio: que fue un caso de “abuso policial”. (14) Si fue una operación sin autorización, ¿por qué se desembolsaron los fondos? Es completamente inverosímil que un sargento de la policía pueda diligenciar por su cuenta el pago de 43 mil dólares sin autorización superior y órdenes expresas. La desesperación de Chicaiza por el avance del juicio en Bogotá lo llevó a escribir una carta dirigida a Rafael Correa en septiembre de 2015 (dice haberle escrito al menos cinco), es decir, cuando éste contaba con la plenitud de su autoridad. En esa carta, con sello de recibida por la presidencia de la república, le pide ayuda para afrontar el juicio tomando en cuenta que todo lo hizo por la seguridad del Estado y siguiendo órdenes superiores. (15) Si no hay razones lógicas para que un sargento se involucrara personalmente en un operativo tan costoso y consiguiera las autorizaciones de pago sin apoyo de alguna alta autoridad, la única posibilidad alternativa a las órdenes de Rafael Correa sería que por su cuenta, sin conocimiento del presidente de la república, el Secretario Nacional de Inteligencia, el Director Nacional de Inteligencia de la Policía o el Ministro de Gobierno ordenaran el secuestro. Algo muy poco verosímil pero no imposible.
El juicio está todavía en marcha y no se han hecho públicas todas las piezas de evidencia. Pero lo que está disponible es muy difícil de desvirtuar. Otra línea argumental de la defensa de Rafael Correa ha sido afirmar que los agentes fueron presionados por la Fiscalía para involucrarlo. Pero en realidad, no es necesario forzarlos. Los agentes tienen interés propio en descargar su responsabilidad personal en una orden superior. El problema es que en este caso, con los desembolsos de sumas tan importantes de dinero público plenamente identificados, es imposible descartar la existencia de una orden superior. Finalmente el argumento de que no hay pruebas directas de la orden de Rafael Correa es débil: nadie puede esperar una orden escrita, firmada y con fe de recepción para una operación de esta naturaleza.
En varios círculos de las izquierdas latinoamericanas y mundiales se desestiman estas acusaciones de corrupción o de abuso de poder en los gobiernos progresistas como parte de un complot de las derechas. Fernando Balda es, en efecto, un personaje oscuro; pero no se lo podía secuestrar con fondos públicos. Por eso era importante señalar en los dos casos que afectan a los dos principales dirigentes de la revolución ciudadana, Rafael Correa y Jorge Glas, cuáles son las piezas de evidencia y las inferencias lógicas más importantes que apuntan a su responsabilidad política y personal directa. Puede haber quien considere insuficientes las evidencias que incriminan a los altos dirigentes políticos ecuatorianos por la falta de la orden escrita en un caso y por la falta de las cuentas de banco con el dinero a su nombre en el otro. Pero puede haber también quienes piensen que incluso si estas acusaciones son ciertas, se trata de hechos aislados, secundarios o intrascendentes para juzgar los méritos o el carácter de los gobiernos progresistas. Es hora de poner estos hechos en un marco de interpretación general.
Interpretaciones
La hipótesis que quiero defender se basa en la convicción de que muchos de los casos de denuncias de corrupción y abuso de poder (seguramente no todos) que se han hecho públicos contra el gobierno de Rafael Correa son ciertos. De hecho, en el último año proliferó una abundante cantidad de información judicial y administrativa sobre viejas y nuevas denuncias de corrupción o de abuso de poder que tienden a confirmar que no se trata de algo episódico, ocasional o circunstancial. (16) Así, pues, si se trata de un aspecto estructural en la caracterización del gobierno de la revolución ciudadana, hay que precisarlo.
La historia de América latina y del capitalismo mundial está plagada de procesos de “acumulación originaria” de capital gracias al control del aparato del Estado por parte de grupos económicos nuevos o previamente excluidos. (17) Un caso especialmente claro y bien estudiado es el de Guatemala, caracterizado históricamente, al menos desde fines del siglo XIX, por una importante rotación de elites empresariales alimentada constantemente por nuevos grupos de militares que acumulaban tierras, negocios o contactos gracias a sus puestos de mando en el aparato de gobierno del país. (18) Otro caso bien documentado es el de México, bastante estudiado por la radical sustitución de elites vivida durante la revolución mexicana, pero perpetuada por los mecanismos semi-mafiosos de acumulación ligada al funcionamiento del PRI. (19)
La hipótesis puede formularse brevemente: durante la revolución ciudadana hubo una parcial “sustitución de elites” por la que un grupo de “elites advenedizas” asociadas al manejo de los contratos con el Estado y a la intermediación con el capital internacional pretendió hacer su propio proceso de “acumulación originaria” desde el Estado que le permitiera luego integrarse entre los grupos empresariales consolidados. Los viejos y grandes grupos económicos modernos del Ecuador no estuvieron excluidos del Estado pero perdieron las vías expeditas de acceso a la toma de decisiones con que habían contado tradicionalmente durante los gobiernos neoliberales del cambio de siglo. En su lugar debieron enfrentarse a la intermediación de estos advenedizos (y de una serie de tecnócratas inexperimentados) y buscaron adaptarse a las circunstancias de manera pragmática. (20)
La corrupción y la instalación de mecanismos relativamente desconocidos en las tradiciones ecuatorianas de “abuso de poder” (21) se reforzaron mutuamente conforme se afianzó la hegemonía de las nuevas elites advenedizas dentro del gobierno de Rafael Correa. Sin el sistema institucionalizado de abuso de poder era menos viable la impunidad de los grupos de “elites advenedizas” en los negocios con los fondos del Estado. El afianzamiento del poder de estas elites venía creciendo dentro del gobierno de la revolución ciudadana desde cuando menos el año 2011 pero quedó definitivamente afirmado luego de las elecciones del año 2013. El rápido descalabro que ha sufrido ese grupo en el último año está dando paso a una recomposición del poder que podremos evaluar mejor en los próximos meses. Quizá estas observaciones puedan aplicarse más allá del Ecuador. Quizá los progresismos latinoamericanos del nuevo siglo puedan ser mejor interpretados si los vemos como un juego de conflictos, desplazamientos y alianzas entre viejas elites empresariales y nuevas elites advenedizas en trance de consolidarse y convertirse en viejas.