Transformación productiva, estado y agronegocio. Coyuntura agraria 2013 – 2014.
Antecedentes
Este año se cumplieron en Ecuador 50 años de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, cuyos principios de transformación de la estructura agraria de herencia colonial y republicana buscaban modernizar el campo, desplegando políticas sociales y de fomento agropecuario. Garantizar la propiedad sobre la tierra, cuando cumpla la función económica y social, abolir el huasipungo y el arrimado como formas defectuosas de trabajo, cumplir los derechos de los trabajadores agrícolas (Pastor, 2014), redistribuir la tierra y prohibir el acaparamiento a través de mecanismos de expropiación y establecer límites máximos del tamaño a las propiedades, fueron las propuestas más importantes.
La Reforma Agraria del 64 se desarrolló en un escenario continental en el que crecía la influencia de la Revolución Cubana enfrentada al programa “Alianza para el Progreso” promovido por los EEUU. Mientras que la coyuntura nacional giraba en torno a la dictadura militar de 1963– y el acenso del movimiento indígena y campesino (Brassel, Frank; Herrera, Satalin; Laforge, Michel, 2008) que cuestiona al régimen de hacienda que acapara recursos naturales y explota mano obra. Uno de los indicadores que demuestra la concentración de la tierra para esos años –décadas del 50 y 60–, es el índice de GINI[1] que se ubicó en 0,86 para el año 1954.
Medio siglo más tarde y luego de varias normativas que se presentan con el discurso “bien intencionado” de mejorar las condiciones el mpo a través de la modernización[2], el índice de GINI de la tierra se ubica en 0,80 para el año 2000[3] (Daza, 2014). Esto muestra que campo, existen 712.035 familias –unidades productivas de menos de 5 hectáreas– que acceden apenas a 2´481.019 hectáreas; mientras 3´593.496 hectáreas están controladas apenas por 6.616 familias –unidades productivas de más de 200 hectáreas– ligadas a la exportación (Carrión, Diego, 2012).
Foto de OCARU, tomada en la provincia de los Ríos.
El modelo en el campo
Este régimen histórico de concentración de la tierra, que a pesar de la Reforma Agraria del 64 se mantiene –como lo expresan los datos estadísticos–, incluye el acaparamiento de otros elementos del sistema productivo agrario como el agua para riego, las semillas, crédito, los ingresos[4]; además, violenta derechos laborales y “buenas” prácticas de seguridad y salud ocupacional; profundiza la feminización del campo y la migración, el agotamiento de los suelos y la dependencia de insumos químicos.
Para el caso del agua para riego, las unidades familiares cuyas propiedades de tierra son menores a 10 hectáreas, poseen apenas el 26% de la superficie con riego; frente a las propiedades de más de 50 hectáreas que concentran el 51% del riego en su propiedad. Según Carrión (2012), las economías campesinas, a pesar de tener la menor superficie con agua de riego, pagan más por el servicio que las empresas agroindustriales que concentran en sus grandes extensiones el agua para regar sus monocultivos. Una bananera, por cada 100 dólares que gana por su actividad económica/productiva paga por el servicio de riego entre 0,05 y 0,40 centavos de dólar; mientras que las unidades campesinas pequeñas, por cada 100 dólares que ganan, pagan por concepto de riego entre 1,20 y 30 dólares.
Otro de los elementos centrales para el “desarrollo” en el agro, es la asistencia por medio del crédito productivo que entrega la Banca Nacional de Fomento; según el mismo Carrión (2012), en el 2010, el crédito de la banca pública para el campo estuvo direccionado en un 60,03% para el sector ganadero; el 29% para empresarios agrícolas cuyo destino de la producción es el mercado externo; y, finalmente apenas el 10,97% estuvo dirigido a pequeños productores campesinos. La lógica para el otorgamiento del crédito está determinada por la capacidad de pago que tienen los beneficiarios del crédito a través del análisis de riesgo; esto implica, por un lado, el tipo de producto que se va a cultivar y por otro lado, la prenda o escrituras de un bien que garantice el pago de la deuda en el caso que el cultivo fracase. De tal manera, que las economías campesinas diversificadas y con poco acceso a bienes materiales como la tierra, no son sujetos de crédito.
La dependencia de insumos agrícolas que el Ecuador tiene hacia el mercado mundial se produce fundamentalmente en la agroindustria de flores[5] y en la importación de semillas de hortalizas e insumos químicos. Con el discurso de mejorar la productividad entre los años 2002 y 2011, se duplica la importación de plaguicidas (Jara, PPT, 2013). Finalmente, somos dependientes de bienes de capital, pues importamos maquinaria agrícola de países como Italia, Brasil y los EEUU (Chérrez, Bravo, & García, 2014).
Cuando se habla de trabajadores agrícolas en el campo, nos referimos a quienes venden su fuerza de trabajo por un ingreso –jornal o salario– y que están forzados a hacerlo debido a las condiciones violentas de despojo de sus territorios por parte del capital del agronegocio. Esta distinción nos permite hacer una lectura sobre las diferencias entre lo que gana un campesino asalariado o jornalero y su patrono; pero, además, nos permite reflexionar sobre las condiciones laborales en las que desempeña su trabajo dentro de la empresa agroindustrial, como las bananeras o palmeras.
Según el INEC[6], en 2010, la PEA[7] en el área rural, representa el 34% de la PEA Nacional. De este porcentaje de población rural que trabajaba en actividades del campo, el 78% estaba subempleado; es decir, no tienen seguridad social, sus salarios están por debajo del mínimo vigente[8]; trabajan más de 8 horas al día y 40 horas a la semana, no tienen contratos fijos, no tienen sobresueldos y tampoco derecho a utilidades. La brecha de ingresos entre trabajadores y patronos es otra clara muestra de los niveles de desigualdad y explotación del modelo de acumulación capitalista. A nivel nacional, por cada dólar que recibe el patrón como ingreso, los trabajadores reciben apenas 0,39 centavos de dólar. En los lugares donde hay mayor presencia de agroindustria y agronegocio, por cada dólar que recibe el patrón, el trabajador recibe 0,33 centavos de dólar; éste es el caso de la costa ecuatoriana, territorio donde se concentran los cultivos de caña de azúcar, palma aceitera, banano y maíz amarillo duro (Carrion & Herrea, 2012).
Estrechamente relacionado al subempleo rural, están las enfermedades ocupacionales, resultado de las precarias condiciones de trabajo que presta la agroindustria; en el caso de la producción del brócoli para la exportación, los trabajadores y trabajadoras contratados para actividades de procesamiento, sufren trastornos musculo-esqueléticos, además de varices, problemas gineco-obstétricos y de vías urinarias. Para el caso de los cultivos de palma aceitera –africana– la precariedad del trabajo expone a los obreros agrícolas a enfermedades respiratorias y lumbalgias, sobre todo cuando realizan actividades como fumigaciones manuales, el corte, la carga y descarga de la fruta (Harari, 2013).
La búsqueda que hacen los campesinos y campesinas por mejorar sus condiciones de vida les obliga a migrar del campo hacia los centros poblados o ciudades consolidadas[9]; en estos lugares, la oferta de trabajo descansa en el sector de la construcción, oferta que demanda mano de obra masculina donde los derechos laborales no son respetados. Este fenómeno migratorio –mayormente masculino– ha provocado la denominada feminización del campo. Son las mujeres las que se encargan tanto de las actividades productivas como reproductivas, subsidiando los bajos salarios y jornales a través de la producción y comercialización de alimentos a precios injustos; y, a la vez, cuidan de la familia, la tierra, el agua, las semillas y los animales.
Según la Encuesta de Uso del Tiempo del 2007 –realizada por el INEC–, la carga global de trabajo[10], presenta datos alarmantes sobre la situación de sobre-explotación de la mujer en el área rural. Las mujeres en el campo trabajan 82 horas y 58 minutos cada semana; mientras que los hombres, trabajan 60 horas y 11 minutos semanales, y la mujer de la ciudad trabaja 75 horas y 5 minutos. Es decir, la mujer campesina trabaja 22 horas más que los hombres en el campo y, aproximadamente, 8 horas más que la mujer de la ciudad.
Además de la concentración de los recursos naturales y sobre explotación del hombre y la mujer campesina, la lógica de mercado que impera en el modelo productivo del agro, deteriora la naturaleza. Los suelos nacionales empiezan a perder su fertilidad; la deforestación, el cambio en el uso de suelo y la presión demográfica agotan la frontera agrícola y son la causa de pérdida de nutrientes que permiten el sostenimiento de la agrobiodiversidad. El 47% de la superficie productiva en el Ecuador tiene niveles bajos de materia orgánica (Jara, PPT, 2013).
En este marco de condiciones del agro nacional, nos preguntamos: ¿En qué se usa la tierra en el Ecuador?. La información oficial muestra que aumentan las extensiones de cultivos para agronegocio y agroindustria: banano, palma africana, cacao, caña de azúcar, flores y brócoli. Desde 1970, hay una clara tendencia decreciente de la productividad de los cultivos de menor escala como el tomate, café y papas, productos de la dieta diaria de campesinos y campesinas; y por otro lado, aumenta la productividad de cultivos para la exportación (Ibíd.).
Del 2007 al 2011, la superficie de palma africana en la provincia de Esmeraldas crece considerablemente; pasó de 90.913 hectáreas a 155.860 hectáreas. En el caso del banano, mantiene su superficie sin mayores cambios; en la provincia de Los Ríos pasa de 53.438 hectáreas en el 2007 a 57.857 hectáreas en 2011.
Otro de los usos que se le da a la tierra está estrechamente relacionado con la expansión del turismo comercial y el crecimiento urbano –complejos habitacionales para extranjeros y nacionales–; lógicas que, sin embargo, generan especulación en el precio de la tierra. En Cotacachi, la hectárea de tierra para el año 2002 tuvo un costo de 4.800 dólares; y la misma hectárea para el año 2012 llegó a costar 75.000 dólares (Quishpe & Alvarado, 2012).
Desarrollo = lucha contra la pobreza
La información presentada, nos muestra un modelo de modernización en el campo, cuyo carácter conservador se sostiene en la explotación de los recursos naturales y en la inclusión subordinada de los campesinos al capital agroindustrial, en algunos casos; y en otros, relacionado con la expulsión de sus territorios. Lo que debe ser fuente de problematización para pensar soluciones justas para los campesinos y campesinas, se transforma en la vía para salir de la pobreza. En lugar de que este contexto de explotación y expulsión sea una contradicción, se convierte en afirmación y única posibilidad para la generación de ingresos y su respectiva re-distribución democrática. Nos preguntamos ¿cómo sucede esto?.
Los índices de desigualdad en el área rural y la marginación de ingresos “dignos” en indígenas y afroecuatorianos, señalan a los campesinos como la población más pobre y el sector de la producción más atrasado de la economía nacional –en relación con el minero y el industrial–. De esta forma, si el problema es la pobreza en el campo, la solución será impulsar la modernización del sector agropecuario.
A lo largo de estos últimos 50 años, el discurso del desarrollo, la modernización y el combate a la pobreza construyen un régimen de verdad que lucha contra el atraso en el sector agrícola, en el cual, las prácticas de acumulación capitalista –renta de la tierra y plusvalor– son codificadas en las políticas públicas que gestionan el riesgo para la estabilidad política y económica en el país, creando poblaciones y “geografías imaginarias” (Escobar, 2007) a ser intervenidas en beneficio del interés público; es decir, disminuir la pobreza.
Los datos sobre pobreza, muestran que sus mayores niveles están concentrados en el área rural y que, además, es altamente dependiente del sector de la agricultura. Por ejemplo, la evolución de la pobreza por consumo muestra que, para 1995, el 63% de la población que habita el campo es pobre, mientras que en la ciudad son el 23%; para el año 2006, la pobreza en el campo se ubicó en el 61,5% y el 24,9% en la ciudad (SENPLADES, PNBV, 2009). Otro de los escenarios que muestran estos altos niveles de desigualdad es la relación entre extrema pobreza con la etnicidad; según el PNBV 2009-2013[11], los indígenas conforman el sector de la población más pobre en el Ecuador con el 39,3%; los afroecuatorianos representan un 11,6% y los mestizos el 8,3%.
En el período neoliberal asistimos a una racionalidad[12] o régimen de prácticas que proponen que la agenda para gestionar la pobreza en el campo se basa en promover el progreso en la agricultura mediante la concentración de los recursos productivos como la tierra, el agua y el crédito, estimular la agroindustria y el recambio de las exportaciones tradicionales por los productos no tradicionales, como las flores (Carrión & Herrera, Ecuador Rural del siglo XXI, 2012). Todo esto expresado mediante un complejo de políticas públicas, institucionalidad, cuerpos normativos como la Ley de Desarrollo Agrario aprobada en 1994 que deroga la legislación de Reforma Agraria permitiendo que la gran propiedad esté garantizada por el Estado (Brassel, Frank; Herrera, Stalin; Laforge, Michel, 2010).
Estas prácticas para gestionar la pobreza rural, desataron –contrariamente a lo que se creía– amenazas para la estabilidad del régimen económico y político, generaron nuevas plataformas de lucha en las organizaciones sociales y campesinas; a la lucha por la tierra y el agua planteadas a partir de la década del 60, se suman la resistencia a la integración comercial, la precarización de la fuerza de trabajo y el uso intensivo de recursos naturales. Esto desembocó en una serie de levantamientos nacionales por parte de las organizaciones indígenas, campesinas y otros movimientos sociales en contra de las políticas públicas para el agro, entre los años 80 y mediados del 2000. El resultado de esta forma de gestión de la pobreza, se reafirma en el riesgo que, en una sociedad como la ecuatoriana, busca la estabilidad democrática como garantía para el desarrollo del capitalismo.
Durante los años 2007 y 2013, el país experimenta formas distintas en los canales de transmisión de las necesidades de las poblaciones entorno al bienestar público. Nuevamente, en el sector rural y agrario la política pública juega un papel importante en la medida en que materializa perspectivas “nuevas” de desarrollo nacional, tanto en relaciones de producción como en las de significación, que promueven un modo diferente –al neoliberal– de generación de riqueza y re-distribución del ingreso (SENPLADES, PNBV, 2009) que permitan gestionar el problema de la pobreza a través de escenarios preventivos y cálculos de probabilidad.
Nuestra hipótesis
Frente a este “nuevo” escenario, proponemos como hipótesis que las acciones discursivas y no discursivas, como la Reforma Institucional del Estado, la Constitución de la República del 2008, los marcos de planificación nacional[13], el Buen Vivir Rural, la estrategia para Erradicar la Pobreza, el Cambio de la Matriz Productiva y Energética, los programas y proyectos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), como el Sigtierras[14] y las Escuelas de la Revolución Agraria[15], forman parte de las prácticas concretas que establecen parámetros innovadores para la construcción de políticas públicas sectoriales y canalizar un régimen de administración de la riqueza, del territorio y la población (Castro-Gómez, 2010); todo ello, como factores preventivos y de orden para el control de los recursos productivos y el disciplinamiento funcional de campesinos y campesinas.
Contexto actual
El contexto de los debates actuales por el campo y su modelo, nos remite a la Constitución de la República aprobada en el 2008; a partir de dicho texto, se ha avanzado en una serie de cambios normativos e institucionales que recogen algunos de los puntos centrales de la plataforma histórica de las organizaciones indígenas y campesinas; por ejemplo, la redistribución de la tierra, producción alimentaria, capacitación, crédito, fomento productivo, entre otras; muchas de estas, elevadas a mandatos constitucionales[16], leyes orgánicas[17] y planes de desarrollo[18]. Estas formas de expresión de los avances en la disputa por el modelo para el campo, hacían prever que se configuraba una agenda agraria que incluía a los sujetos históricamente excluídos; aquellos sujetos que, a través de la problematización de sus experiencias, formulaban principios de equidad para la transformación del campo en el Ecuador, lo que fue reflejado en la propuesta articuladora de Soberanía Alimentaria.
Si nos detenemos en una reflexión cronológica del período actual, podemos establecer que este (re) cambio jurídico y normativo a “favor” de las luchas campesinas, se dio desde 2008 hasta finales del 2012. En lo referente al sector agropecuario nacional, la prioridad para las políticas agrarias en este momento estaban relacionadas con la implementación de un Régimen de Soberanía Alimentaria en Ecuador; durante este tiempo, las organizaciones sociales y campesinas hicieron sus aportes a la discusión sobre los cuerpos normativos concernientes; todo ello, acentuando la redistribución de los recursos productivos como una de las demandas claves (Ley de Tierra y Territorios, Ley de Recursos Hídricos, Ley de Biodiversidad y Semillas, entre otras); y además, se plantearon puntos comunes y su forma de manifestación fue de carácter nacional[19]–hay que mencionar que ninguna de estas propuestas fueron aprobadas y tanto la movilización como el debate en las organizaciones se ha disipado–.
A partir del año 2013[20], con las elecciones presidenciales y de asambleístas nacionales, se posicionan los discursos de la productividad y la lucha contra la pobreza; ambos como premisas que instalan un nuevo escenario para la discusión normativa en materia agropecuaria, pues estos emprenden otra agenda para las políticas públicas, definiciones de “nuevos” problemas, y la construcción de un sujeto campesino con características ciudadanas.
Es así, que la matriz productiva primaria exportadora aparece como el problema causante de la heterogeneidad estructural y las brechas de productividad (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2010); es aquí donde el sector agrario emerge como el más atrasado y el menos productivo. El establecimiento de este problema construye una agenda de políticas públicas que legitima la continuidad de ciertas prácticas de concentración de recursos productivos y explotación de la mano de obra campesina, y diseñan al beneficiario de las políticas públicas agrarias denominándolo, como el “nuevo ciudadano rural”; el sujeto del cambio[21].
Desde el año 2013 y lo que va del 2014, el escenario prioritario para el desarrollo del sector agropecuario ha desplazado a un segundo plano la Soberanía Alimentaria; en su lugar, las prácticas estatales están dirigidas a la trasformación de la Matriz Productiva vía sustitución selectiva de importaciones que dinamice el mercado local incentivando la producción nacional de soya, canola y caña de azúcar como los rubros que permitirán mejorar la balanza comercial y generar nuevas fuentes de empleo. El otro eje de la política agraria es la apertura comercial. Para el caso de los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales con valor agregado[22], el ingreso al mercado europeo es una de las claves; en este sentido, el gobierno nacional ha firmado este año un Acuerdo Comercial con la Unión Europea[23], que como la misma UE sostiene es la incorporación del Ecuador a lo que ya firmaron Colombia y Perú.
Bajo el nombre de “Revolución Agraria”, tanto el cambio de matriz productiva y energética, y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea definen una agenda legislativa que prioriza para el año 2014 la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua[24], Ley de Tierras, Código Orgánico Integral Penal y Código de Relaciones Laborales.
Las fuerzas políticas en el poder constituido: mayoría en la Asamblea Nacional
El debate sobre la disputa del modelo agrario, en los últimos siete años, se ha trasladado a la acción de carácter normativo y jurídico a través de las propuestas de planes y programas implementados por el MAGAP, y el diseño, discusión y aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional; así mismo, algunas organizaciones campesinas elaboran propuestas de leyes[25] que recogen planteamientos que cuestionan el modelo de expulsión y explotación histórico en el campo. En ese sentido, es el poder legislativo el escenario de la confrontación y disputa de la normativa para el campo. Es fundamental, entonces, señalar cuál es la composición de la Asamblea Nacional que tiene el mandato constitucional de aprobar las leyes necesarias para consolidar el modelo de modernización en el campo ecuatoriano y cuál es el carácter del poder ejecutivo que tiene en sus manos la definición de la política pública agraria.
El 17 de febrero de 2013, se llevaron a cabo las elecciones para elegir presidente de la república y asambleístas para el parlamento nacional. Los resultados obtenidos mostraron que el movimiento oficialista conseguía por tercera vez el poder ejecutivo encabezado por Rafael Correa, que triunfa con el 57% de aprobación y en una sola vuelta. De la misma manera, Alianza País –el movimiento oficialista– consigue 100 asambleístas de un total de 137 escaños, que representan el 77% del control de la Asamblea Nacional. Además, en la conformación de la Comisión de Soberanía Alimentaria[26] obtiene mayoría con 11 de 12 asambleístas posibles.
El programa con el que triunfa el movimiento oficialista en las elecciones de febrero de 2013, propone para el campo la continuidad de un cambio de paradigma que busque alternativas de acumulación, distribución y pautas democráticas que armonicen el conflicto social de las últimas décadas; además, enfatiza que su programa de “transformación” responde al de una izquierda no demagógica e ideologizada, sino a una izquierda que “plantea estrategias viables en el tiempo”.
El programa reconoce los límites estructurales en materia económica y la dependencia de la matriz productiva primario exportadora. La solución a este “mal” estaría en la diversificación económica y productiva, que generaría empleo digno y reactivaría las fuerzas productivas locales, elementos que reforzarían el carácter democrático del Estado. De tal forma que la meta propuesta es el Cambio de Matriz Productiva (PAÍS, 2013).
La propuesta para el campo
El ascenso de la movilización social de campesinos e indígenas, que se produjo alrededor del momento constituyente del 2008, permite posicionar a la Soberanía Alimentaria como parte del “nuevo” modelo de desarrollo para el campo en el Ecuador; esto se traduce en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2009-2013 que establece entre sus políticas nacionales el impulso a la Soberanía Alimentaria[27] a través de estrategias como la democratización de los medios de producción[28](SENPLADES, PNBV, 2009); finalmente, en esta coyuntura “favorable” se aprueba, en el año 2009, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria.
Sin embargo, y a pesar de las acciones discursivas que establecen a la Soberanía Alimentaria como prioridad en el modelo agrario, no existe una re-distribución de recursos productivos; y se paraliza el debate de leyes como la de tierras que exige su acceso por fuera de las vías de mercado; se detiene la de semillas y agrobiodiversidad, que consolida el mandato constitucional de declarar al país libre de semillas transgénicas, de la misma forma el de recursos hídricos que demanda que se respete la autonomía de las juntas de regantes y se prohíba la privatización[29].
En su lugar, aparecen cuerpos normativos como la Agenda de Transformación Productiva en 2010, que es el resultado de la alianza entre los empresarios y el Estado para mejorar la productividad de los sectores “atrasados”, –sobre todo el agropecuario–; se crea en 2013 la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza que aparece como imperativo moral del gobierno nacional[30]; para lo cual, el Estado apostará por la transformación del patrón de especialización de la economía; y se publica el “nuevo” Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 cuyos objetivos más importantes son la erradicación de la pobreza y el cambio de Matriz Productiva.
En junio de 2013, el Decreto #16 de la Presidencia de la República, anuncia la prohibición de hacer política por parte de las organizaciones sociales y las somete a un registro único; entre el 2009 y 2013, varios dirigentes sociales son judicializados por sabotaje y terrorismo al oponerse a la política extractivista y a los proyectos multipropósito; se aprueba el Código Integral Penal que endurece las penas. En febrero de 2013, el movimiento oficialista triunfa en las elecciones a la presidencia de la República y de asambleístas con una propuesta para el campo denominada “Revolución Agraria Ya”, cuyo eje fundamental es mejorar la productividad de los campesinos en lugar de resolver problemas estructurales como el acceso a la tierra, agua y crédito. En agosto de 2013, el Ministerio de Agricultura socializa su proyecto de Sustitución de Importaciones para el Cambio de Matriz Productiva[31].
Se configura entonces un aparato estatal en alianza con el sector del agronegocio y la agroindustria que determinan las políticas públicas para el sector agropecuario, fundamentalmente sobre las directrices para el Cambio de la Matriz Productiva y la lucha contra la pobreza[32].
“Cambio de matriz productiva: más agronegocio y menos soberanía alimentaria”
La propuesta “revolucionaria” para salir de la pobreza en el campo está estructurada en tres momentos de reflexión y que nos permiten hacer una lectura de la complejidad de construcción de la política pública:
1. Determinación del problema:
Somos un país primario exportador que ha desarrollado históricamente heterogeneidad estructural y brechas de productividad (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2010) cuyas consecuencias profundizan la desigualdad y la pobreza en el campo.
Según la Agenda para la Transformación Productiva y la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES), entre 1927 y 1945 el 88% de nuestras exportaciones eran materia prima como el cacao; de 1946 a 1968 crecieron las exportación de banano y plátano y formaron parte del 77% de las exportaciones primarias; y de 1972 al 2011 nos hemos convertido en exportadores de petróleo. Para el 2012, el 77% de las exportaciones de nuestro país son primarias; de ese porcentaje, el 53% son aceites crudos de petróleo, el 8% de banano, el 5% de camarones, 3% de rosas, 2% de atún, 1.37% de cacao, 0,90% de palma aceitera, entre otros; y todos estos productos concentran sus ventas en el mercado de los EEUU con un 44%, y apenas un 13% en la Unión Europea.
De los sectores más importantes del aparato productivo, el sector de la agricultura aporta un 11% al PIB[33] entre el 2000 y 2009; mientras que sectores como la explotación minera participa con el 13% y la industria manufacturera –sin petróleo– con el 14%; pero el sector minero crece al 27% y el de servicios de intermediación financiera al 37%; mientras que el sector agropecuario lo hace apenas al 13%, lo que demuestra su atraso, nos dirá la SENPLADES. Sin embargo, otro de los problemas detectados por la planificación nacional y los sectores productivos, es que a pesar de lo poco que crece la agricultura y sus bajos niveles de valor agregado, este sector concentra el 16% del empleo[34] y distribuye el ingreso más precario comparado por sector productivo y tamaño de iniciativa económica. Según datos del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Productividad en el 2009 el salario de una micro empresa agropecuaria era de 316,80 dólares y el de una empresa grande fue de 375 dólares[35]. Si estos salarios los comparamos con los sectores de la economía que más crecen y que tienen mayores niveles de valor agregado son evidentes las brechas salariales; por ejemplo, una micro empresa en el sector de minas y canteras puede llegar a pagar 3229, 40 dólares, casi 10 veces más que la micro empresa agrícola; y una gran empresa de intermediación financiera tiene un salario de 875,40 dólares, más del 150% del salario de una micro empresa agrícola; y finalmente, quienes trabajan para la agroindustria o el agronegocio[36] pueden llegar a ganar el doble de lo que ganarían como campesinos aislados[37] (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2010).
Toda ésta información construye una problemática en la que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se muestran como los más improductivos, con bajos o nulos niveles de valor agregado, atrasados y que distribuyen “pobreza”, frente a sectores más dinámicos como las minas, la intermediación financiera y la manufactura, que cuentan con mayor intensificación de capital y tecnología, gran capacidad de especialización de sus trabajadores, crecimiento importante del valor agregado y productividad.
En síntesis, la forma en cómo se determina el problema estructura un discurso de verdad en que el sector agropecuario nacional debe ser inmediatamente intervenido vía modernización de sus estructuras productivas, intensificación en la forma de explotación de la tierra para mejorar los niveles de productividad, garantizar la inversión privada, presionar por un alto uso de las tecnologías, retomar las tesis de la apertura comercial y cambiar la mentalidad de quienes se dedican a las actividades en el campo.
2. Definición de la agenda de intervención en el campo:
El Cambio de Matriz Productiva y la apertura comercial aparecen como los medios para la transformación que necesita el sector de la agricultura pues garantizarían diferentes patrones de especialización y diversificación de mercados; esto involucra una serie de políticas públicas, reformas institucionales, cambios normativos y de leyes que facilitan la alianza entre los intereses del sector exportador y el Estado.
Los ejes propuestos para el Cambio de Matriz Productiva son: la diversificación productiva, agregación de valor en la producción, sustitución selectiva de importaciones y el aumento de las exportaciones de productos nuevos. Los ejes que se contemplan para el sector primario implican tres tipos de especializaciones: a) Energías renovables (bio-energía), b) Cadena agroforestal sustentable y c) Alimentos frescos y procesados. Finalmente, para el apoyo a estas nuevas especializaciones, una de las empresas estratégicas que se implementará será la Petroquímica, la cual producirá urea, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, foliares, plásticos, resinas y fibras sintéticas (SENPLADES, Folleto informativo, 2012).
En agosto de 2013, el Ministerio de Agricultura socializa el documento denominado “El Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero en el Cambio de la Matriz Productiva”, este documento recoge una serie de programas y proyectos para transformar el campo en el país, entre los que se destacan: el Ahorro por sustitución de importaciones y la innovación tecnológica.
Se pretende ahorrar por la vía de la Sustitución de Importaciones, 622´690.776 dólares desde el 2013 al 2017, intensificando la producción de soya y canola para balanceados, harinas y aceites, ycaña de azúcar para agrocombustibles; estos tres rubros cubren más del 70% del total del ahorro, dejando el resto a productos como el maíz duro, café robusta y carne de cerdo. El programa necesita estrategias que permitan el mejoramiento de los rendimientos; para estos casos, se pretende una intensificación productiva por dos vías: la primera impulsa la composición de paquetes tecnológicos que contengan semilla mejorada cuyos rendimientos serán de 2.5 Tm/ha en soya y de 2 Tm/ha en canola; una segunda estrategia considera a las semillas transgénicas como una opción para el mejoramiento de los rendimientos, aumentando para el caso de la soya a 3,6 Tm/ha y en canola a 3 Tm/ha. Los dos productos necesitan concentrar tierra, 50.000 hectáreas en la costa para el caso de la soya; y para la canola se necesitarían 20.000 hectáreas ubicadas en la sierra.
La caña de azúcar pretende ser parte de la estrategia de valor agregado que aporte con etanol a la mezcla de gasolina en un 15%; y por otra parte, que disminuya en un 53% la importación de Nafta de Alto Octanaje hasta el 2017. Se reproducirán semilleros y se fomentará la producción, se propone pasar de 10.000 hectáreas en el 2014 a 67.500 hectáreas en el 2017. Finalmente será la industria privada la encargada de la mezcla de la gasolina con los agrocombustibles.
Sobre el reordenamiento del sector se impulsarán políticas de reconversión de hectáreas de banano en palma africana; para ello, se promueve el desarrollo de encadenamientos productivos. Sobre innovación tecnológica se impulsa la agricultura de precisión para maíz, soya y arroz, la mecanización para sistemas de labranza cero, sistemas de riego tecnificado y computarizado y uso adecuado de plaguicidas. Toda la propuesta de cambio de matriz productiva en el sector agropecuario –según SENPLADES– generará 749.765 plazas de trabajo directo (MAGAP, Propuesta, 2013).
En síntesis, la agenda de intervención para la solución de la problemática del atraso en el campo contempla la profundización del modelo del agronegocio y la agroindustria que concentra recursos (tierra, agua, semillas y capital) y agota el suelo, no garantiza la soberanía alimentaria y promueve la producción para la exportación. Esta agenda, además, no se propone controlar los precios de los alimentos, insumos químicos, de la tierra y el crédito.
3. El sujeto del cambio:
La propuesta modernizadora nos dicen –sectores productivos y quienes forman parte de la estructura gubernamental de planificación nacional– necesita de ciudadanos emprendedores con capacidad de gestión del riesgo; es decir, con medios culturales y económicos necesarios que les permita competir en mejores condiciones en el mercado. El Estado es el garante de los derechos ciudadanos y, en alianza con el sector privado, desarrolla el aparato productivo para la democratización de los recursos. Pasar de agricultores “pobres” a micro empresarios exitosos depende –según la propuesta de Cambio de Matriz Productiva– de la transformación mental de los campesinos a ciudadanos rurales.
La estrategia para el cambio de mentalidad, se basa en la implementación de un proceso pedagógico de empoderamiento de derechos ciudadanos como la participación, la economía social y solidaria, entre otros. Impulsar capacitaciones en torno al desarrollo socio empresarial que reconozca la potencialidad del capital social de los campesinos y agregarle iniciativas productivas viables[38]. Además, generar un ambiente de adaptación y adopción de innovación tecnológica en las economías campesinas “pequeñas” (Daza, Esteban; Ruiz, Miguel; otros, 2012), todo en función de modificar las formas y el destino de la producción y mejorar el ingreso económico en las zonas rurales dedicadas a lo agropecuario.
Basada en valores de productividad empresarial, la propuesta diseña un actor para las dinámicas agrarias que se convierte en el sujeto beneficiario de las políticas públicas, al cual se le denomina; el “nuevo ciudadano rural”.
La lógica de intervención en los territorios donde subsisten las economías familiares, se plantea tres momentos para lograr el cambio de mentalidad: primero, la adaptación y adopción de la innovación tecnológica de manera participativa; segunda, el fortalecimiento organizacional; tercero, la gestión socio-empresarial que contempla vincular a los productores a cadenas agro-productivas que les garantiza un mercado fijo para sus monocultivos.
Para hacer posible la estrategia se han puesto en práctica políticas pública y proyectos como las Escuelas de la Revolución Agraria (ERAS 2010-2012), la Estrategia Hombro a Hombro (2012 en adelante) y la reforma institucionalidad en el sector agropecuario. Esta última incorpora en su discurso la importancia de la agricultura familiar campesina como un actor sin historia, sin lucha política y, lo reconoce como un sujeto de intervención para el desarrollo.
Aplicación del cambio de matriz productiva sobre la ley de tierras: un ejemplo para verificar su ejecución en los cambios normativos.
Uno de los elementos que posibilitan el Cambio de Matriz Productiva es la Reforma Institucional del Estado; la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, la definición de la política pública en el poder ejecutivo y los cambios normativos y legales son la fórmula para garantizar el cumplimiento de los derechos de empresa como el mejor aliando del Estado “ciudadano”. Para ejemplificar el avance del modelo de acumulación en el campo a través del cambio de la matriz productiva tomemos el caso de la propuesta sobre ley de Tierras elaborada por la Asamblea Nacional y que actualmente se debate en el Ecuador.
Las organizaciones indígenas y campesinas presentaron para el año 2012 la propuesta de Ley de Tierras y Territorios que exige la redistribución de la tierra, prohibir el latifundio, proteger al campesinado de la concentración y especulación de los precios y definir la función social y ambiental con carácter de soberanía alimentaria. Pero en enero de 2014 aparece el proyecto borrador de Ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas realizado por la comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional[39] que desplaza el debate de los territorios, por lo tanto, lo referente a derechos colectivos, y profundiza el carácter productivista de la explotación del suelo. Finalmente, para el mes de octubre de 2014,[40] aparece un nuevo borrador de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que divide la ley para dos actores diferentes; los primeros son los dueños de la propiedad privada y estatal de la tierra y que representa el 95% del total de la superficie y el 98% del total de unidades productivas agrarias, para ellos está todo el articulado sobre productividad. Los segundos actores son aquellos que viven en propiedad comunal y que representan el 5% de la superficie y el 2% del total de unidades productivas agrarias; para ellos está el cuerpo que legisla los derechos colectivos.
En el contexto de Cambio de Matriz Productiva y lucha contra la pobreza, la función social de la tierra es considerada –en esta propuesta de ley– como la redistribución del ingreso, la generación de empleo y la producción de alimentos, todo bajo un enfoque de eficiencia en el proceso productivo e institucional.
Es así, que, en el proyecto de ley define que la función social de la tierra se cumple cuando ésta es eficientemente explotada, cuando no se produzca acaparamiento en su tenencia, siempre que no exceda los límites permitidos, cuando se respeten los derechos laborales, cuando se aprovechen las obras de infraestructura productiva que realiza el Estado y cuando mantenga niveles de productividad aceptables de acuerdo con las condiciones materiales de la zona (Asamblea Nacional, 2014).
Este articulado exige el cumplimento de los derechos laborales y garantiza la productividad de la tierra bajo un régimen de propiedad privada normada por el Estado; el criterio de eficiencia no solo recae sobre la producción de los agentes del campo, sino sobre la capacidad de las instituciones que regulan el desarrollo agrario. Esta propuesta enuncia el acaparamiento de la tierra como incumplimiento de la función social, pero no establece un número de hectáreas que permitan su concreción, además de no hacer una crítica a las formas de apropiación de la tierra.
En síntesis, la función social, –en este proyecto de ley– se afirma entre los derechos laborales y el manejo eficiente de la explotación de la tierra, elementos que muestran la intención del proyecto modernizador en el campo. La lógica redistributiva del ingreso (política social) y los altos niveles de productividad (política de fomento productivo), dan cuenta de la articulación entre la “Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales” y el Cambio de la Matriz Productiva.
Entre los “vacíos” que deja de tratar esta propuesta de función social, se encuentra el no establecer el número de hectáreas para considerar acaparamiento o concentración de la tierra, y el no definir los parámetros para medir la productividad, dejando los dos temas a discreción de quienes elaboren el reglamento después de aprobada la ley.
El escenario perfecto para estas dos “ausencias” se produce en un contexto de promoción de lo productivista sobre la política agraria que estipula que el cumplimiento de la función social está representado en el predio cuya producción es eficiente. Este escenario se encuentra en la articulación con la propuesta de Ahorro por Sustitución de Importaciones planteada por el Ministerio de Agricultura; sobre todo en los rubros de soya y canola. A continuación revisaremos el vínculo entre “Proyecto de Ley Tierras Rurales y Territorios Ancestrales” y el cumplimiento de la función social en el Cambio de Matriz Productiva para el sector agropecuario”.
La tabla muestra que la estrategia de sustitución selectiva de importaciones requiere de la inserción y producción intensiva de rubros agrícolas que tienen bajos niveles de productividad en el Ecuador. Producir soya y canola en la costa y sierra respectivamente implica disponer de tierras para ser cultivadas, recursos productivos y semillas de alto rendimiento y/o transgénicas para alcanzar los niveles necesarios que logren el cumplimiento de las metas. La mencionada propuesta establece, además, que la producción de soya estará en manos de pequeños agricultores que representarán el 59% del eslabón de la cadena de producción; el 19% serán medianos productores y un 22% grandes agricultores. Nos preguntamos, ¿cuáles son las tierras destinadas a producir estos productos?, ¿Quiénes serán los campesinos que se “beneficien” de la cadena de soya?, ¿Cómo será el régimen de articulación entre productores y el agronegocio?
Otro de los ejes del Cambio de Matriz Productiva son los agrocombustibles que están estrechamente relacionados con la producción de caña de azúcar. En este punto se prevé un ahorro por importaciones para el 2017 de 264´600.000 dólares, y esta producción estará ubicada en las provincias de Guayas, Santa. Elena, Los Ríos, Cañar y, el Multipropósito Daule-Vinces. Para el cumplimiento de este objetivo se necesitará aumentar 67.500 hectáreas. ¿A quién pertenecen estas tierras y cuál es su uso actual?
Por lo tanto, bajo la lógica ISSI (Industrialización por Sustitución Selectiva de Importaciones) las tierras cumplen –perfectamente– la función social determinada en el proyecto de ley; garantizando productividad mediante mecanización, tecnificación, capacitación, control sobre la cadena productiva, agricultura de precisión para soya, maíz, arroz, y masificación de semillas de alto rendimiento; a esto se suma que para cumplir con la redistribución del ingreso se crearán aproximadamente 749.765 plazas de trabajo que utilizará mano de obra directa (MAGAP 2013).
Como síntesis final, mencionamos que el Cambio de Matriz Productiva que se propone para el campo no cuestiona y tampoco modifica la estructura histórica del poder en el agro, pues ante la concentración de los recursos no se definen políticas de redistribución claras, y en su lugar se muestran a las economías campesinas como la causa del retraso del sector productivo agropecuario. Se define una agenda de transformación que profundiza el nivel de extracción de renta del suelo y de plus valor del trabajador, requiere concentración de la tierra y del despojo a pueblos y comunidades de sus territorios y sus lógicas de relaciones sociales de producción de la vida.
Esto queda demostrado en la articulación entre la estrategia de Ahorro por Sustitución de Importaciones y la propuesta de Ley de Tierras del movimiento oficialista que considera:
Primero, que la propuesta del MAGAP cumple la función social porque explota eficientemente la tierra ya que alcanza altos niveles de productividad (3,6tn/ha) en la producción de soya con semilla transgénica.
Segundo, que la información que servirá para medir los niveles de productividad de los predios es toneladas/hectárea.
Tercero, se necesitan concentrar grandes extensiones de tierra para mantener los rendimientos.
Cuarto, la redistribución del ingreso estaría en la inclusión de los pequeños campesinos a la cadena de producción de soya que representarán el 59% de productores, el 19% serán medianos y el 22% serán grandes agricultores.
Quinto, se generan aproximadamente 749.765 plazas de trabajo con utilización de mano de obra directa.
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Notas
[1] Coeficiente que mide la desigualdad en el acceso a la tierra en las poblaciones campesinas. Si la cifra está más cerca de 0 hay mayores niveles de igualdad; si la cifra es igual o está más cerca de 1 la desigualdad es mayor o extrema.