En el encuentro sobre “Acumulación, derechos laborales y desigualdad: el estado del banano en Ecuador”, organizado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y el Observatorio del Cambio Rural (OCARU) y llevado a cabo el jueves, 21 de febrero, en Flacso Ecuador, ocho ponentes expusieron resultados de investigaciones sobre aspectos diversos del sector bananero ecuatoriano, aclarando la complejidad de las relaciones de poder y el régimen de explotación vigente.
En las ponencias de la primera mesa se trataron temas sobre el análisis macro económico del sector y la “captura corporativa del Estado”.
Los economistas Víctor Ávila y Christian Orozco de la Universidad Central del Ecuador presentaron cifras macroeconómicas del banano que reafirman la importancia fundamental del sector para la economía ecuatoriana, principalmente tomando en cuenta su aporte al total de las exportaciones. Ecuador es el primer exportador de banano del mundo, y el banano junto con el camarón representan los principales rubros de exportación no petrolera del país.
En su investigación Orozco analizó el comportamiento del crédito para el sector, en el cual, hasta el año 2017 se evidencia la escaza participación del crédito publico y las pocas posibilidades de crédito y micro crédito al que tienen acceso los pequeños productores. El análisis del crédito también evidencia un aumento significativo del crédito publico a partir de 2017 lo cual coincide con la entrada en vigencia del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.
Con mira hacia las prácticas y el rol de las productoras y exportadoras ecuatorianas, Anahí Macaroff del Instituto de Estudios Ecuatorianos destacó la relación estrecha que existe entre las élites económicas bananeras y su incidencia política, creando una alianza con el Estado que les ayuda a defender sus intereses específicos y obstaculizando el cumplimiento de los derechos laborales, sociales y organizativos para los trabajadores y las trabajadoras del sector. “Que exista una continuidad relevante de representantes de las élites bananeras en funciones públicas importantes es una característica destacable del sector”.
Esta alianza con el Estado también ayuda a entender cómo, según desarrolló Israel Chuquimarca, las grandes empresas bananeras del país logran sortear la carga tributaria a sus ganancias a través de diferentes mecanismos, sin que el Estado tome acción al respeto. Además, Chuquimarca llama la atención sobre el hecho de que las empresas grandes sólo tienen una mínima cantidad de empleados registrados en la Superintendencia de Compañías, mientras que muestran altos ingresos por ventas. Este dato puede entenderse como índice de la violación de derechos laborales básicos de los empleados y las empleadas.
Las ponencias de la segunda mesa profundizaron los temas de violación a los de derechos laborales y las dificultades de los trabajadores y las trabajadoras bananeras de organizarse en sindicatos.
Alex Naranjo, de Acción Ecológica, y Patricia Polo de la Universidad Andina destacaron los fuertes impactos sobre el medio ambiente, los cuerpos y la salud de los trabajadores y las trabajadoras que tiene el uso intensivo de agrotóxicos en las plantaciones de banano, violando así tanto los derechos humanos como los de la naturaleza.
En este contexto señalaron, además, que existe una fuerte desigualdad global: mientras que ciertos agrotóxicos están prohibidos en países europeos, los químicos se siguen exportando desde esos mismos países a países del sur global como Ecuador, donde parece ausente una normativa para prohibir su uso.
Como informa Jorge Acosta, del sindicato de trabajadores bananeros y agrícolas ASTAC, en las bananeras no se toman las medidas de seguridad necesarias al momento de aplicar los agrotóxicos, sino que las avionetas pasan incluso en la hora de almuerzo, momento en el que los trabajadores y las trabajadoras se encuentran en la finca directamente expuestos a los químicos.
A través de diversos mecanismos de represión y coerción, las empresas bananeras ejercen poder sobre los trabajadores y las trabajadoras dificultándoles organizarse en sindicatos, ya que están constantemente amenazados de perder su empleo o de empeorar su situación laboral. Acosta resalta, además, el hecho de que el 50% de los trabajadores y las trabajadoras en las bananeras se encuentran en la informalidad, condición que aumenta su vulnerabilidad ante la explotación laboral y la violación de sus derechos básicos.
Sin embargo, a pesar de las presiones que viven las trabajadoras y los trabajadores que deciden organizarse, el sindicato ASTAC crece y juega un rol importante en la defensa de los derechos laborales, como explicó Stalin Herrera, del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Sobre todo en un contexto de creciente conflictividad social cuyo eje principal son actualmente los sindicatos y trabajadores, una organización como ASTAC que cuenta con más de 1.000 miembros representa un actor fundamental para afrontar las asimetrías de poder del sector que son históricas y están, por las relaciones con las élites, apoyadas en el Estado.