Escenario electoral y disputa de la transición
Las otras banderas de plurinacionalidad, revolución, antiimperialismo y proyecto popular, así como las definiciones ideológicas (izquierda y derecha), aparecen borrosas y lejanas para la mayoría de la población; ejemplificar el tamaño de la regresión política a que asistimos (...) La posibilidad de tener una fuerza de centro izquierda en la Asamblea no es más que mejorar las condiciones de la negociación de los sectores organizados en el ámbito legislativo, sino que puede significar en el mediano plazo una recuperación de territorios y espacios locales.
La contienda política de la última década estuvo marcada por el surgimiento del corrector, un proyecto político con gran capacidad de construir hegemonía. Una diferencia de las pasadas de la etapa neoliberal, cuando todo el proyecto llegó al Estado transitado por fuertes crisis de representación y negociaciones internas, cuyo resultado fue el paso de siete presidentes reconocidos en nueve años, el corregido se establece como un fenómeno con amplia capacidad de representación, disputa de lo popular y relativa. Su poder en la administración del Estado le permite gestionar recursos y focalizarlos, movilizar sectores organizados y populares para la legitimidad, sistemática presencia en los medios y control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.(1) y la renegociación de la dependencia con China, Turquía, Unión Europea y capitales translatinos (2) como a través de la reforma del Estado, que permite la dirección de las clases dominantes sobre esto sin necesidad de un cambio directo.
El fortalecimiento de la institucionalidad estatal configura un proyecto político de modernización capitalista donde el Estado garantiza los intereses del conjunto de la clase dominante, a la par que subsidia y facilita las condiciones para el desarrollo del capital y permite la expansión de los mercados y las relaciones capitalistas sobre territorios y trabajadores.(3)
Sin embargo, en los últimos años el desfinanciamiento del presupuesto nacional producto de la caída de los precios del petróleo, el gasto burocrático. (4)
A lo largo de estos años, el corregido fue erigiéndose en la disputa de la representación del campo popular y, en consecuencia, se consolidó su apuesta ideológica, la definición de la institución del Estado como único eje de la contienda política y el equivalente a general de interés de la sociedad ecuatoriana; la democracia representativa y las elecciones como únicas instancias de legitimidad; la política reducida a mecanismos procedimentales y de "políticamente correcto", donde las organizaciones y los movimientos sociales cuidaban el sentido histórico; la ciudadanía como proyecto universal que "elimina" las desigualdades reales; y la lealtad como forma de sostenimiento.
En resumen, pese a los avances plasmados en la Constitución y algunas políticas públicas de la primera fase, la política real en el país estableció una ofensiva ideológica y represiva contra la izquierda histórica organizada, las demandas de democratización, autonomía e independencia del campo popular y el papel del conflicto y la movilización para alcanzar reformas estructurales.(5) Si asumimos que en la reciente dinámica política de Ecuador, los movimientos sociopolíticos levantaron las propuestas más democráticas para la sociedad y el Estado, la concreción de un proyecto de estas dimensiones significó un creciente conservadurismo en el conjunto de la sociedad. Una de las dimensiones más graves de la restauración conservadora en Ecuador corresponde a derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.(6)
Ambos elementos arrojan un escenario regresivo, donde la crisis económica y las demandas urgentes y sentidas de la población ecuatoriana, fundamentalmente de los sectores populares, se combinan con el desinterés y la falta de identificación con algunas demandas formuladas por la izquierda organizada. Los sectores trabajadores y, fundamentalmente, las mujeres exigen empleo; los jóvenes, la recuperación del libre acceso a la universidad perdido durante este gobierno; el sector campesino, empleo, estrategias productivas y de comercialización; y la población indígena campesina, acceso al agua y autonomía de las juntas de regantes frente al Estado. Los sectores medios, afectados en su capacidad adquisitiva por el alto costo de la vida y el pago de gravámenes regresivos como el impuesto al valor agregado, se suman a la demanda de empleo, de lucha contra la corrupción y la democratización en el juego político. Las otrora banderas de plurinacionalidad, revolución, antiimperialismo y proyecto popular, así como las definiciones ideológicas (izquierda o derecha), aparecen borrosas y lejanas para la mayoría de la población; ejemplifican el tamaño de la regresión política a que asistimos.
No en vano, el resurgimiento de la derecha tradicional, autoritaria y oligárquica se ha hecho presente y cuenta con el apoyo de importantes sectores de la población, que encuentran en ésta una posible vía para alcanzar sus demandas, legitimando ideas sobre libre comercio, inversión extranjera y defensa de la propiedad privada.
Lo que se juega el 18 de febrero de 2017
A diferencia de otros procesos, la disputa fundamental en las siguientes elecciones es la transición del correísmo hacia otra fuerza política; o el mantenimiento de éste como proyecto político alejado del campo popular organizado y de las demandas y razones históricas que llevaron a Rafael Correa a la Presidencia hace una década. En efecto, como hemos señalado, el correísmo como expresión histórica del progresismo, lejos de entrar en una profunda transformación estructural de las bases que generaban desigualdad, concentración y discriminación en el país y de instaurar un régimen democrático con apertura a la participación real de sujetos y colectivos, ha significado un proyecto de modernización capitalista con políticas autoritarias y de criminalización de los movimientos sociales. Ese descontento y el desgaste del proceso podrían significar en esta ocasión que, por primera vez, Alianza País no gane los comicios en primera vuelta, y que se juegue su futuro en la administración del Estado al pasar a una segunda. Si vencen, su única posibilidad de mantenerse en el gobierno es pactar en peores condiciones con los sectores empresariales y resolver la crisis económica por la vía de las inversiones extranjeras y la entrada de capital transnacional para actividades extractivas, la firma de tratados de libre comercio y el mantenimiento del endeudamiento agresivo.
Por otra parte, la crisis de representación de la derecha ecuatoriana, evidenciada y denunciada por el campo popular en la etapa de lucha antineoliberal previa al correísmo, se concreta con la imposibilidad de Creo y Madera de Guerrero en una alianza para 2017. A mitad del nuevo siglo, las clases dominantes no sólo no han logrado construir un proyecto nacional y apuestan por el recambio negociado en la administración del Estado, sino que mantienen el ámbito económico como el único espacio real de unidad. Si bien se hallan en la oposición ideológica al correísmo, las disputas entre las facciones de la burguesía no les permiten ir juntas y dotar de mayor contenido a esta oposición de derecha.
Finalmente, en cuanto a la tendencia de izquierda y centro, crítica al correísmo, debe considerarse que pese a la enorme debilidad en que se encuentran los movimientos políticos de izquierda, por las políticas de ilegalización y rompimiento por el correísmo,(7)el campo popular se disputa su existencia mediante una estrategia amplia de articulación con sectores democráticos. A diferencia de la apuesta más cerrada que tuvo en las elecciones de 2013, donde el correísmo se consolidó como fuerza política principal y hegemónica en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la izquierda política ecuatoriana desarrolló con mayor intensidad desde 2014 una estrategia de movilización en las calles, configuración de un espacio de unidad y capitalización del descontento popular frente al gobierno de la Revolución Ciudadana. Contrario al objetivo del régimen de configurar un escenario de polarización, donde en un extremo se encontraba Alianza País, autodefinida como representación de lo popular y del cambio, y en el otro extremo, la derecha tradicional, marginando e invisibilizando cualquier otra expresión política, las organizaciones sociales, populares e indígenas recuperaron la iniciativa en la contienda política y construyeron una voz propia, distinta de la derecha oligárquica y del régimen derechizado y autoritario del correísmo.
Por ahora, el Acuerdo por el Cambio (8) abraza una agenda democrática que busca incluir algunas demandas que el campo popular organizado ha venido sosteniendo en estos años, pero que fundamentalmente busca dar cuenta de las sentidas urgencias de la población. Si bien en Ecuador la histórica relación entre las organizaciones sociales y la disputa política y electoral ha sido un ámbito difuso y de vínculos estrechos, esta vez se ha buscado preservar la autonomía de las organizaciones en pos de resguardar sus acumulados, así como dar paso a otros ritmos que permitan resolver quiebres y diferencias internos. En tiempos de campaña, la autonomía, la recuperación de la dirección de los movimientos sociales y sus organizaciones y la comprensión de lo que está en juego definirán su contenido y forma. La posibilidad de concretar una fuerza de centro izquierda en la Asamblea no sólo mejorará las condiciones de negociación de los sectores organizados en el ámbito legislativo, sino que puede significar en el mediano plazo una recuperación de territorios y espacios locales.
En definitiva, en el corazón de la disputa está el tipo de transición política y económica en un contexto de crisis. En los siguientes meses se harán evidentes los posibles pactos entre las fuerzas del régimen y su transición negociada con la derecha tradicional; y se medirá la capacidad de las fuerzas de izquierda y centro a fin de constituirse en una opción para sectores más amplios de la población ecuatoriana.